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NOTA SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO EN EL RDL 5/2002 DE REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCION POR DESEMPLEO.

El pasado sábado día 1 de junio, el diario Expansión publicó una información sobre el impacto económico de las medidas contenidas en el RDL 5/2002 de 24 de mayo, la llamada reforma del desempleo, valoración económica que estaba contenida en un documento, supuestamente aprobado también por el Gobierno junto al RDL, titulado “Síntesis de la valoración económica de la reforma de los sistemas de la protección por desempleo”.

Aunque CC.OO. desconoce ese supuesto documento, que no ha sido entregado a las organizaciones sindicales en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Trabajo previamente a la aprobación del RDL (aunque parece que tiene fecha del 1 de abril), y dado que previsiblemente habrá todo tipo de opiniones sobre las cifras publicadas, y no desmentidas por el Gobierno, queremos hacer pública nuestra propia opinión al respecto. 

Como hemos venido insistiendo desde el primer momento en que conocimos las medidas, éstas suponen recortes importantes para un amplio conjunto de situaciones y colectivos de trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, no hay ninguna medida que suponga un aumento de la cobertura por desempleo. Partiendo de esta situación, es evidente que el saldo entre las medidas que suponen un coste y las que suponen un ahorro va a ser favorable a este último (según el supuesto informe habría 228,6 millones de euros al año de ahorro). No obstante en dicho supuesto informe las partidas que suponen un mayor coste están sobrevaloradas, mientras que las que suponen un ahorro están calculadas a la baja.

En definitiva, el objetivo de la reforma del Gobierno es reducir el gasto, y es muy difícil hacerlo sin recortar derechos y prestaciones. Todo ello a pesar de que el INEM tiene superávit de cotizaciones y que el Estado no pone ni un euro al conjunto de su presupuesto, ni siquiera para sufragar los gastos de funcionamiento del INEM y la nómina de la plantilla.

En relación con las medidas que suponen un coste:
a)	Se imputa como coste la modernización de los SPE y la dotación de más recursos humanos para el INEM (134 millones de euros), una hipotética mejora que se pretende que se siga financiando con las cotizaciones por desempleo, cuando este gasto debería sufragarse con las aportaciones del Estado vía impuestos generales. Además, en ningún caso implica un aumento de las prestaciones por desempleo ni de los beneficiarios de las mismas. Por tanto, si se excluye este coste, el ahorro hipotético total sería de 362,6 millones de euros, y no los 228,6 millones de los que se informa. 

b)	La medida que está identificada como de mayor coste, la bonificación de las cuotas de Seguridad Social durante un año por la contratación de mujeres desempleadas durante los 24 meses siguientes al parto, no parece que vaya a tener tanto impacto en el gasto (410,5 millones de euros previstos) si nos atenemos a lo sucedido durante el pasado año 2001, cuando una medida similar (el requisito que ahora desaparece es que estuvieran inscritas como demandantes de empleo al menos 12 meses) sólo supuso 231 contratos, según el registro del INEM.

c)	El coste imputado a la Renta Activa de Inserción (123,4 millones de euros) ya se venía realizando antes de la aprobación del RDL. La ampliación de este programa se produce en paralelo a la reducción y limitación del acceso al subsidio de desempleo, cambiando así un derecho como es la prestación asistencial o subsidio, por un programa anual como es la Renta Activa de Inserción, cuyos requisitos de acceso modifica el Gobierno anualmente en función de su disponibilidad presupuestaria. 
d)	La implantación de un sistema contributivo para los trabajadores eventuales agrarios no supone ningún gasto (de hecho no se contempla en la hipotética valoración del Gobierno), porque los ingresos por cotizaciones van a superar ampliamente las prestaciones, dados los difíciles requisitos de acceso establecidos para trabajadores y trabajadoras, que tienen una temporalidad que supera el 60%. De hecho en los últimos dos años la media mensual de trabajadores fijos del campo que recibieron prestación contributiva por desempleo fue de 4.000 trabajadores, sobre un total de en torno a 100.000 cotizantes  para esta contingencia. 

En cuanto a las medidas que suponen un ahorro:
1.	La de mayor impacto es la supresión de los salarios de tramitación (193,3 millones de euros). En esta cifra sólo se ha contemplado el ahorro para el Estado. Pero el ahorro para las empresas, según los cálculos de CC.OO., estaría en torno a los 471 millones de euros. El propio dato de ahorro para el Estado pone de manifiesto que la supresión de los salarios de tramitación es una de las medidas más graves de la reforma y supone una pérdida muy significativa de ingresos para los trabajadores despedidos, que además lo han sido injustificadamente. Se premia así a las empresas que despiden sin causa y a la administración de justicia por su ineficacia en la resolución rápida de los casos.

2.	Las siguientes medidas que suponen un mayor ahorro son las dos que van dirigidas a que quienes reciben una prestación salgan rápidamente del desempleo, como son la firma obligada del compromiso de actividad y la aceptación de lo que el SPE considere una oferta “adecuada” de empleo (327,5 millones de euros). El objetivo es reducir el número de beneficiarios de prestación a toda costa.

3.	Cerrar el acceso al subsidio para los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura es una de las medidas valoradas como de mayor ahorro, 133,4 millones de euros. Si a este ahorro se suma que el nuevo sistema contributivo también va a ser excedentario en cotizaciones, la reforma global de la protección por desempleo para los trabajadores eventuales del campo es un “chollo” para el sistema.

4.	El computar como renta a efectos de acceso al subsidio las indemnizaciones y el patrimonio supone que muchos trabajadores no van a poder acceder al subsidio; de forma clara todos los trabajadores y trabajadoras despedidos mediante un expediente de regulación de empleo que pongan su indemnización en un plan de rentas. En el documento supuesto del Gobierno esta medida se calcula en un ahorro de 122 millones de euros.

5.	Se reconoce que va a haber un ahorro en las prestaciones por desempleo de los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos (12,1 millones de euros), aunque el Gobierno sistemáticamente continúa declarando que no va a haber ningún recorte. La prueba evidente de que sí lo hay es la modificación que hace el RDL a la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 207, apartado 1 punto 4, donde se precisa que sólo los fijos discontinuos a los que se refiere el apartado 8 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores tendrán derecho a las prestaciones por desempleo. Y lo que es más grave, quedará al arbitrio del INEM identificar, a la hora de reconocer la prestación, si quienes han trabajado como fijos discontinuos son o no del artículo 15 del ET.

6.	Todo el resto de medidas suponen, en mayor o menor medida, un ahorro para el Inem: la reducción de la protección para los emigrantes españoles retornados, la limitación del acceso a la prestación cuando no se han disfrutado previamente las vacaciones, la capitalización de las prestaciones en pago único para trabajadores de la economía social y autónomos.

Finalmente, CC.OO. considera imprescindible que el Gobierno aporte una memoria económica del impacto de la reforma aprobada, por lo que va a trasladar a los grupos parlamentarios la necesidad de reclamarla en el Parlamento, tanto en el proceso de convalidación del RDL, que previsiblemente tendrá lugar el próximo día 13 de junio, como durante su tramitación como proyecto de ley. 	

				Madrid, 3 de junio de 2002