Concentración el miércoles 10 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas.

Delegación del Gobierno en Valencia.

CCOO anuncia movilizaciones para exigir la mejora de los servicios públicos y la recuperación de los derechos de empleadas y empleados del sector


El próximo 10 de noviembre delegadas y delegados de CCOO, primer sindicato de las Administraciones Públicas, se manifestarán con la finalidad de presionar al Gobierno central para recuperar la senda de la negociación y el cumplimiento de los acuerdos para la mejora del empleo público.

La Confederación Sindical de CCOO movilizará a sus delegados y delegadas sindicales del conjunto del Área Pública el próximo miércoles 10 de noviembre de 2021, para exigir un aumento del gasto público en los servicios que garantizan los derechos de la ciudadanía, así como para lograr la recuperación de los derechos arrebatados a los más de tres millones de empleadas y empleados públicos.

Esta movilización consistirá en concentraciones a las 11:00 horas ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno de la inmensa mayoría de provincias de España, y ante la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de Madrid.

Respecto a los servicios públicos, España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis económica para acercarse a los países de su entorno y, sobre todo, garantizar los derechos de la ciudadanía que la austeridad extrema empeoró, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros. En la misma medida, hay que mejorar sus condiciones laborales.

Desde CCOO recriminamos al Gobierno el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el sindicato. Se debe resolver el resto de las materias que aún están pendientes del II Acuerdo para la mejora del empleo público de 2018, y más recientemente en el Acuerdo de 5 de julio de 2021, que incluye la negociación de un III Acuerdo bianual para continuar en la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo y salariales. Así, hay que garantizar:

o Salarios: es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido por las empleadas y empleados públicos durante la crisis. Se perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra, y solo se han recuperado 4 hasta ahora. El Gobierno impuso, sin negociación, una subida salarial del 0,9% en 2021 y ahora, en el Proyecto de Ley de PGE de 2022, del 2%, medidas que no avalamos porque se alejan de los objetivos marcados de recuperación del poder adquisitivo. También hay que recuperar e incrementar los fondos adicionales como parte de las propias retribuciones.

o Empleo: debemos recuperar el empleo público perdido y acometer el necesario rejuvenecimiento de unas plantillas, en la actualidad con un alto porcentaje en edad próxima a la jubilación. En caso contrario, se pone en cuestión la continuidad de los servicios públicos con eficacia, calidad y universalidad de la prestación.

o Estabilización del empleo: mediante procesos con las máximas garantías jurídicas, para conseguir los objetivos de dar estabilidad a las plantillas y acabar con la lacra que supone la temporalidad. Es necesario eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, incluyendo la totalidad del sector público empresarial, así como los centros de investigación, no solo en puestos estructurales, sino en todos aquellos que deben ser considerados como tales, y que, en su mayoría, están cubiertos de manera alegal, ilegal o en fraude de ley, a través de figuras como programas, obras y servicios, etc.

o Hay que impulsar la negociación de un Acuerdo Marco para la Administración Local respetando el derecho a la negociación colectiva en cada ámbito. Es urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

o Recuperar y extender la jornada de 35 horas, con las adaptaciones oportunas en los diferentes sectores para hacerla realmente efectiva, desvinculándose de los objetivos de déficit, algo aún pendiente en muchas administraciones públicas y sector público empresarial.

o Aprobar los planes de igualdad y de medidas de corresponsabilidad y conciliación, además de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.

o Incrementar sustancialmente los haberes reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que se siga deteriorando la calidad de las pensiones de clases pasivas.

o Resulta necesario y urgente acometer el resto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente desde su publicación en 2007, tanto en lo relativo a la garantía de cumplimiento de los acuerdos, como a la mejora para el acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público (OEP), la agilización de los procesos selectivos, con convocatorias con carácter anual que contemplen especialmente las plazas vacantes ocupadas por personal temporal, la provisión y promoción interna, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, cualificación y clasificación profesional, la culminación de la disposición transitoria tercera, la movilidad interadministrativa y la regulación del teletrabajo, etc.

o Servicio Exterior: recuperación del poder adquisitivo y exigencia de pleno derecho a la negociación colectiva. No se puede permitir por más tiempo que el personal lleve 12 años sin actualización salarial, así como facilitar el desarrollo democrático del proceso de elecciones sindicales en estos momentos puestos en marcha.

o Actualización de las indemnizaciones de residencias para Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.

o Constitución de la Mesa de Diálogo para el sector público empresarial.

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Els drets es conquisten i es defensen

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 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

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