Para el sindicato es inaceptable en un sistema democrático que las supuestas “explicaciones” institucionales ofrecidas por el Ministro de Interior sobre tamaña catástrofe incurran en  contradicciones con las versiones oficiales anteriores, sin que la ciudadanía española pueda conocer la verdad de los hechos que se cobraron –hemos de recordar- al menos 15 vidas de personas que sólo buscaban un porvenir viable.

CCOO considera necesario que por parte de la Fiscalía General del Estado se abra de manera inmediata una investigación oficial, dada la gravedad de los hechos y lo trágico de su resultado, máxime cuando aún se desconoce la verdad de lo sucedido y su total magnitud. Dicha investigación debería esclarecer de quién partió la orden de utilizar material agresivo (botes de humo, cartuchos de fogueo, pelotas de goma…) contra personas que se hallaban en una situación de riesgo evidente en aguas territoriales españolas, y si cabe extraer consecuencias jurídico penales por un presunto delito de imprudencia con resultado de muerte.

La encomiable labor que desarrollan los agentes de la Guardia Civil en la protección y asistencia a inmigrantes irregulares en situaciones de riesgo (véase la labor del SIVE, las operaciones de salvamento, la asistencia a náufragos, etc.) no puede verse empañada por esta tragedia, en la cual unas órdenes políticas primaron un erróneo concepto de seguridad -con una miope visión estrictamente policial– donde debería haberse valorado lo que realmente era: una situación de emergencia humanitaria con seres humanos en situación de riesgo.

Resulta inaceptable que las autoridades implicadas -de la propia Guardia Civil, de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior – hayan faltado a la verdad ante una tragedia de semejante magnitud, negando las evidencias inmediatamente reflejadas por víctimas y testigos.

CCOO denuncia asimismo el incumplimiento palmario de la ley de extranjería y de la normativa de desarrollo por parte de las autoridades españolas: de las propias declaraciones del ministro se confirma la entrega a las autoridades marroquíes de personas que ya se hallaban en España. Con ello se confirma la práctica de las llamadas “expulsiones en caliente”, esto es, la entrega automática a la policía marroquí de las personas que ya han entrado en territorio español de manera irregular.

Dicha actuación, más allá de ser una irregularidad administrativa, podría incurrir en un supuesto penal de prevaricación, toda vez que el mandato legal establece que con aquellas personas que hayan pretendido entrar ilegalmente en territorio español se debe iniciar un procedimiento –tasado administrativa y reglamentariamente- de devolución con las debidas garantías, y no un! a mera “patada al otro lado” como se está produciendo, nos tememos que de manera rutinaria.

Igualmente, CCOO reitera la necesidad de enfocar las cuestiones derivadas de la inmigración desde una perspectiva humanitaria y social, sin obviar las adecuadas y proporcionadas medidas de seguridad, pero descartando intervenciones exclusivamente policiales ante seres humanos que lo único que buscan es poder vivir con unas mínimas condiciones de dignidad.