Resolució de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, sobre l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)
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RESOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS SOBRE EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

 

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, a través de su Comisión ejecutiva, resuelve hacer la siguiente declaración en un momento de gran incertidumbre y controversia en la aplicación del también llamado Proceso de Bolonia.

 

Situando las condiciones de contorno que nos han llevado al estado actual, analizaremos el tema con detenimiento.

 

Las consideraciones previas a tener en cuenta son:

 

-         La Unión Europea no puede legislar sobre materias educativas, pues son competencia exclusiva de los estados miembros.

-         Nuestra Federación ha participado de forma activa y comprometida en el proceso desde su inicio a través de la Internacional de la Educación y en 2005 propuso públicamente un pacto social y educativo sobre educación superior para dar estabilidad a la vida universitaria y acometer con sosiego el debate y las reformas del Espacio Europeo de Educación Superior.

-         La Confederación, junto con la Federación, han venido solicitando a los distintos equipos ministeriales la inclusión de los agentes sociales como miembros de pleno derecho de los órganos nacionales de elaboración y toma de decisiones sobre Bolonia.

-         La inexistencia de directrices claras de los diferentes gobiernos central y autonómicos para la implantación del EEES, ha provocado un nivel de desinformación preocupante y diferentes grados de implantación según Universidades.

-         La demora en la publicación de las directrices para los títulos con atribuciones, ha retrasado el inicio de éstos.

-         Nuestras universidades acumulan grandes déficits estructurales y su financiación no es la adecuada para abordar los cambios necesarios.

-         Con el nombramiento de Angel Gabilondo como Ministro de Educación (con competencia en educación superior) asistimos al 7º cambio de titular desde la declaración de Bolonia de 1999 y 4º cambio desde 2006 de la estructura ministerial de universidades en los diferentes gobiernos.

 

 

La declaración de Bolonia del año 1999 firmada por 29 estados europeos, junto con los acuerdos de Lisboa en materia educativa, y las posteriores declaraciones de Praga, Berlin, Bergen, Londres y Lovaina configuran las bases para la construcción del EEES. Este espacio nace con el objetivo de mejorar la calidad en la educación superior, estableciendo un marco común de las universidades de los 46 países que lo integran, preservando la singularidad de cada una de las universidades y comprometiéndose los estados a implementar los cambios en sus respectivos países.

 

Es difícil no estar de acuerdo con los principios signados en las diferentes declaraciones. Pero la cuestión es: si en la aplicación del proceso se están respetando, o no, dichos principios y acuerdos.

Destacamos algunos párrafos textuales de las distintas declaraciones en relación con la dimensión social  y la evolución de estas declaraciones.

 

“La Educación Superior es un bien público y una responsabilidad pública.”(Berlín 2003)

 

“La dimensión social del proceso de Bolonia es parte integrante del EEES y una condición necesaria para el atractivo y la competitividad del EEES. Por lo tanto, renovamos nuestro compromiso de hacer la educación superior de calidad igualmente accesible para todos e insistimos en la necesidad de establecer las condiciones apropiadas para que los estudiantes, puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico. La dimensión social incluye medidas adoptadas por los gobiernos para ayudar a los estudiantes, especialmente a los sectores socialmente desfavorecidos, en aspectos financieros y económicos y proporcionarles servicios de orientación y asesoramiento con vistas a facilitar un acceso más amplio.” (Bergen 2005)

 

“La creación de oportunidades para itinerarios flexibles de aprendizaje en la educación superior, incluyendo procedimientos para el reconocimiento del aprendizaje previo.” (Bergen 2005)

 

“Destacamos la importancia de instituciones sólidas, que sean diversas, financiadas adecuadamente, autónomas y responsables” (Londres 2007)

 

“La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel de conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad” (Londres 2007)

 

“Acordamos la creación de una red de expertos nacionales con el fin de compartir información y contribuir a identificar y superar los obstáculos contrarios a la “portabilidad” de las becas y ayudas.” (Londres 2007)

 

Por tanto, estamos ante una oportunidad para mejorar el sistema universitario, pero hace falta invertir decididamente y que exista un alto grado de implicación y complicidad. Esto supone una participación mayoritaria de la comunidad universitaria.

 

Así pues no podemos esperar un cambio positivo y obtener unos retornos sociales deseables sin un incremento real de la inversión. Este ha de repercutir en mejores políticas laborales y profesionales y en la adecuada formación del personal de las universidades.

 

También se tiene que garantizar una política de becas y ayudas a los estudiantes que asegure la equidad en el acceso al sistema y mantenga una autonomía de las universidades públicas que no las haga dependientes de decisiones de otros agentes económicos.

 

Por lo que  CC.OO. declara y exige:

 

La reforma no puede ser a coste cero, ni a costa de aumentar la carga de trabajo del personal de las universidades, ni empeorar sus condiciones laborales. La financiación pública de las Universidades debería como mínimo llegar a la media de la OCDE.

 

Promover debates que hagan posible una clarificación de la actual situación, ya que toda imposición llevará al fracaso.

 

Se promueva la cooperación frente a competitividad en la actividad universitaria.

 

Solicitar un estudio riguroso de las situaciones socioeconómicas de los estudiantes con el fin de analizar las previsiones de becas y préstamos.

 

Los másteres oficiales deben tener el mismo precio que los grados.

 

Los préstamos no deberán sustituir a las becas y sólo deberán constituir una ayuda para los estudiantes que no puedan acceder a las becas por superar el umbral de renta, creando un fondo de garantías para no endeudar más a las familias.

 

Se deben impulsar becas salario y a la vez aumentar el control sobre el fraude fiscal con el fin de que la política de becas sea justa.

 

Se garanticen los itinerarios flexibles para hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida, y poder compatibilizar el estudio con la ocupación.

 

La universidad no debe supeditarse exclusivamente a las demandas del mercado, manteniendo las tres funciones que la hacen ser una institución universal, autónoma y crítica, con capacidad de creación de conocimiento y transmisión de éste.

 

La movilidad de todos los estudiantes y del personal de las universidades tiene que ser financiada suficientemente, si se quiere llegar al objetivo de la movilidad real prevista en el EEES.

 

Se adopte una postura abierta y reflexiva respecto de la estructura básica de las titulaciones, ante los posibles cambios que fuesen necesarios realizar, con objeto de alcanzar los objetivos de movilidad e igualdad en relación con la mayoría de los países del EEES.

 

La implantación de la nueva estructura de estudios universitarios deberá establecer disposiciones transitorias para respetar los derechos de los alumnos que iniciaron sus estudios con la estructura de títulos anterior, especialmente en el caso del Master de Secundaria.

 

El gobierno tome la iniciativa frente a las imposiciones de ANECA y se respete la Autonomía Universitaria.

 

Se deberán  promocionar las lenguas europeas más allá del inglés.

 

Finalmente, la FE CCOO hace un llamamiento a la Comunidad Universitaria, con el fin de evitar que la aplicación de este proceso sirva de coartada para debilitar el carácter público y democrático de nuestra universidad Pública.

 

Madrid, 20 de mayo de 2009

 

 

 

 

 

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