La coalición liderada por Mónica Oltra tima al personal de las universidades públicas valencianas

El pasado mes de Octubre se acordó en la Mesa General de la Administración Pública de la Generalitat Valenciana poner en marcha el mecanismo de Carrera Profesional para el personal de las Administraciones Públicas en la comunidad Valenciana.

A este efecto, el borrador de Presupuestos de la G.V. preveía los aportes económicos correspondientes a las distintas AA.PP. y, en concreto, a las universidades. En nuestro caso, la cantidad presupuestada para los próximos tres años era de 17,5 millones de euros, empezando en 2016 con un aporte de 1,75 millones en consonancia al esquema general reflejado en el acuerdo entre organizaciones sindicales y G.V.

De esta forma, la Conselleria de Hacienda, con el acuerdo de las universidades valencianas y las organizaciones sindicales, incluyó dichas cantidades en los presupuestos de 2016 para la Conselleria de Educación.

Posteriormente, el Conseller de Educación –Vicente Marzá- (de Compromís), decidió que para el curso 2016-2017 se creasen 1000 plazas más de profesorado de primaria y secundaria, financiando parte de esa operación con el presupuesto dedicado a la carrera profesional del personal de las universidades públicas,  dejándola sin efecto hasta el año 2017.

Esta operación ha sido avalada por la Secretaria Autonómica de la Conselleria de Hacienda (también de Compomís) ante los Rectores y Gerentes de las UU.PP.VV, dejando en evidencia ante el conjunto de las Universidades tanto al Conseller de Hacienda como a la Directora General de Universidades, ambos nombrados por el PSOE y, lo que es peor, rompiendo un pacto previo con las universidades públicas.

El resultado de este desaguisado es que los trabajadores de la Generalitat Valenciana ya disponen de carrera profesional mientras que el personal de universidades no la tendrán al menos hasta 2017 (y ya veremos), además de financiar la plantilla de un sector con la negación de los derechos de otro.

Esta actuación del Conseller de Educación y de la Secretaria Autonómica de Hacienda tiene sus motivos y causas. Ambos son afiliados al STEPV que es el sindicato ampliamente favorecido por esta actuación. La prueba es que dicho sindicato es ampliamente mayoritario en el sector público de la enseñanza primaria y secundaria y minoritario en el conjunto de las universidades.

Sólo así es entendible que la organización liderada por Mónica Oltra (autodenominada como la única progresista y de izquierdas) favorezca al personal de un sector a costa de castigar al personal de otro. De hecho, todo cuadra. Hasta la actitud de este sindicato en la mesa de negociación de esta universidad contraria a acordar la carrera profesional en términos, incluso, más beneficiosos que para el personal de la G.V.

En este estado de cosas, desde CC.OO. reclamamos:

1.- La puesta marcha de la carrera profesional para el personal de las universidades públicas de inmediato.
2.- La consignación en los presupuestos de 2016 de las cantidades previamente pactadas entre la G.V. y las Universidades públicas.
3.- El cese o dimisión de la Secretaria Autonómica de Hacienda y del Conseller de Educación por actuar “de parte” con la simple intención de apoyar al sindicato al que están afiliados, extremo que entra dentro de las prácticas corruptas que hemos venido padeciendo en este país y que hay que empezar a erradicar de cuajo.